Se filtra la respuesta que la consejería no quiso dar a la situación del proyecto Ecoáreas y se evidencian las faltas a la verdad ¿es este el gobierno que queremos?

Carta abierta de Arturo Boyra, testigo directo del proyecto Ecoáreas, 13 de julio de 2019

Recientemente desde Oceanográfica denunciamos la situación que está sufriendo el proyecto Ecoáreas – mardetodos. Solicitamos una investigación y no hemos tenido noticias hasta la fecha.

Personas preocupadas y escandalizadas por la situación nos han filtrado el siguiente borrador de comunicado difundido por personal de la Consejería de Turismo fuera de la misma pero que, sin embargo, no quiso ofrecer a la prensa cuando se lo solicitó. ¿Por qué se ha quedado en borrador y no se ha hecho oficial? ¿si es un borrador por qué se ha difundido a personas ajenas a la Consejería?

¿Quizá temían que hubiese una contestación como la que sigue?

A quienes apoyan el proyecto Ecoáreas actualmente, les diré que son 10 años defendiendo este proyecto contra viento y marea, espero que nadie dude de que yo personalmente creo en la idea del proyecto, precisamente por eso no voy a permitir que se pasen por alto el tipo de acciones que se utilizan. Los proyectos Microáreas primero y Ecoáreas como evolución del anterior después, se han diseñado para construir democracia, no nuevos sistemas feudales y clientelares. Los resultado de hoy son el fruto del esfuerzo y dedicación de mucha gente que las acciones del Gobierno están convirtiendo en ejemplo de lo que no hay que hacer. Tristemente parece que se está cumpliendo la máxima de: ¡cuidado! ¡que viene el Gobierno a ayudar!

¿No son los hechos denunciados, más los que se van a desmenuzar aquí, suficientes para demostrar la mala práxis y poner medidas o, al menos, para que se abra una investigación?

Desde Oceanográfica colaboraremos gustosamente en la investigación siempre que se demuestre la imparcialidad.

¿Por qué se hace una denuncia pública y no directamente en los juzgados? Porque es importante generar conciencia hoy y no una sentencia dentro de 5 años, cuando el daño está hecho y el dinero público gastado. Tiempo para la denuncia hay y desde Oceanográfica consideramos imprescindible dar espacio para el diálogo.

Este artículo expone a la perfección el reto que plantea la situación actual del proyecto Ecoáreas: https://elpais.com/elpais/2019/03/25/opinion/1553524448_309221.html

Atendiendo a lo que presenta el autor, la autoevaluación es la clave de la solución de los problemas que vivimos como sociedad. Leyendo este artículo perfectamente se puede entender el por qué mi insistencia en repartir poder en vez de concentrarlo. Desde el principio del proyecto Microáreas (2012) existe un Consejo Científico que se fundamenta en la potestad de supervisar el trabajo técnico y foros de participación autónomos. Por eso se pedía para ecoáreas profesionales especializados en dinámicas grupales y participación que verificasen los procesos desarrollados en el proyecto. Estas figuras de evaluación y validación externa fueron rechazadas y mis discrepancias con la forma de proceder resultaron en un trato hacia mí contrario a la dignidad y el respeto, no queriendo tener en consideración la legalidad vigente.

El gobierno me custionaba el por qué proponía estructuras que podían limitar mi propia capacidad de acción como coordinador, para mí estaba claro que la multiplicaban. Lo que estaba claro también es que no querían nadie que pudiese cuestionar su forma de proceder, lo cual era diametralmente opuesto al sentir principal del proyecto, la participación. Por estos y los motivos descritos en el primer comunicado dimití. Seguidamente se sucedió una cascada de dimisiones.

Si queremos que el proyecto Ecoáreas sea un éxito, necesitamos en la dirección gente que sepa repartir poder y delegar, así como estar dispuesta a ser supervisada, financieramente, por supuesto, pero también técnicamente, científicamente y humanamente.

BORRADOR COMENTADO:

Para quién lo necesite, aquí va comentado el borrador, párrafo a párrafo, donde se demuestran faltas a la verdad, variadas medias verdades y omisión de hechos graves ¿esto es lo que entiende el Gobierno por un proyecto de sostenibilidad, transparencia y participación?

En cursiva va el texto difundido por un técnico de la consejería, con las faltas de ortografía corregidas no vaya a ser que eso permita comprobar la fuente de la filtración.

«PRIMER BORRADOR

La Consejería de Turismo Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias tiene  un proyecto financiado por los fondos europeos, FEDER, Denominado: Microáreas Ecoturísticas Litoral MAEL (Ecoáreas Mardetodos).»

Media verdad con omisión de faltas muy graves. Es un proyecto que pidió a la UE sin contar con los promotores del proyecto Microáreas original y poniéndole el mismo nombre, hecho cuanto menos extraño y de dudosa ética. Puesto que no se quería respetar el proyecto Microáreas y a quienes lo habían hecho posible, insistí en que se denominase distinto y por eso se llama ahora Ecoáreas. El desprecio a las autorías intelectuales del proyecto ha sido una constante. Cuando se me informó por primera vez de la adjudicación en 2015, el proyecto supuestamente contaba con una dotación de 2.000.000€. Cuando se contrató a Oceanográfica en 2016, la definición del proyecto que se me entregó constaba de menos de media página y un presupuesto de 1.360.000€ con un plazo de ejecución de, supuestamente, solo 6 meses. A partir de ahí tuvimos que definir el proyecto y los colaboradores desde cero a marchas forzadas y con la negativa de quién presentó el proyecto a contarme lo que tenía en mente. Ante esta acumulación de hechos hubo quien me advirtió de que abandonase el proyecto porque pintaba muy mal. Insisto, era 2016. Al final de mucho debate interno y a pesar de los indicadores, decidimos intentarlo.

«En el año 2017 la Consejería contrató a la empresa Oceanográfica para labores de asesoramiento técnico”

Media verdad con omisión de hechos muy graves. Han sido dos contrataciones. El primer contrato fue en 2016 para definir el proyecto porque como he explicado sólo existía media página y muy ambigua. Al menos es lo único que se me entregó. El segundo contrato fue en 2017 hasta 2018 para coordinarlo como se especificaca en la contratación. Nótese que el borrador dice «labores de asesoramiento». Degradar en las funciones está tipificado como una práctica hostil y degradar en la mención manteniendo las funciones es doblemente hostil. La mala praxis es evidente puesto que primero se nos degrada a asesores de un proyecto que llevábamos ejecutando una década y sin el Gobierno, segundo, porque el proyecto de la Consejería estaba sin definir y lo diseñamos partiendo del proyecto predecesor que habíamos desarrollado nosotros y, tercero, porque se establecía una obligación contractual de coordinar el proyecto que “curiosamente” se omite. Durante dos años estuve coordinando aunque me presentaba como asesor para contentarles en sus “incomprensibles” exigencias. Tenía claro que quedaría demostrado mi eficacia en la coordinación. Craso error por mi parte, me di cuenta tarde que no se trataba de demostrar nada, se trataba de dejar en evidencia “que no debía ser coordinador”, resulta que había una persona deseando ocupar ese lugar. Aquello de quítate tú que me pongo yo. A nadie se le escapa que es muy difícil dirigir un barco como grumete, más aún cuando queda evidente que no hay intención de dejarte hacer dicha labor porque hay alguien que quiere figurar como capitán. Ésta fue la situación que a la larga se volvió insostenible.

Resultaba una obsesión de la Consejería que figurase como asesor y no como coordinador que eran mis obligaciones contractuales. Eso sí, cuando la cosa se empezó a complicar con las universidades, entonces deprisa y corriendo generaron un documento diciendo que era coordinador para intentar solucionarlo con autoritarismo. Evidentemente me negué a ser autoritario en un proyecto que pregona ser de participación y especialmente después de habérseme negado los medios para prevenir los problemas que eran previsibles con las dinámicas planteadas por la Consejería.

“cumpliendo  el Gobierno de Canarias dicho contrato en todas y cada una de sus partes, finalizándose el mismo  en el año 2018.»

Falta a la verdad hasta el punto de que lo propio por nuestra parte debería ser llevarlo a los tribunales. Con contestar este escrito y con el iceberg de la violencia percibida que hemos divulgado cualquier persona medianamente crítica podrá comprobar la gravedad de la situación. Por eso pedimos una investigación. ¿Para qué solucionar en los tribunales lo que se puede solucionar con la valoración de los hechos? ¿dónde está el proyecto de participación, diálogo y consenso?

Evidentemente hay que querer confrontar los hechos, desde Oceanográfica estamos por la labor.

Al finalizar el primer contrato (2016) se mostró nuestro desacuerdo con la forma de proceder del personal de la Consejería, tanto es así que llegamos a informar a un técnico de las más de 70 acciones hostiles recibidas sumando 2,94 acciones hostiles por semana y una media de 1,5 acciones semanales en 12 meses, lo cual podría suponer una situación de acoso laboral o mobbing, para las que se exige una sola acción por semana durante 6 meses, tratándose de un delito tipificado en el código penal. Es decir, encaja con una estrategia de «se aprovechan de ti y si no aceptas los abusos te hacen la vida imposible para que te vayas cargándote con las culpas». Pese a la información remitida sobre la posible vulneración de derechos y la incursión en delitos tipificados por el código penal, recibimos la negativa a investigar los hechos, aún así se nos siguió contratando. Fue entonces cuando pusimos explícitamente en el proyecto presentado para la contratación que existiese un procedimiento de gestión de riesgos psicosociales en el proyecto atendiendo a nuestros derechos y de acuerdo a las directrices de Inspección de Trabajo. Este proyecto se aprobó y se nos volvió a contratar pero no se respetó el proyecto que presentamos y la Consejería se negó a acordar un procedimiento de gestión de riesgos psicosociales, ni a la asistencia de ningún profesional que pudiese garantizar unas condiciones de trabajo digno y respetuoso. Yo que soy quién he sentido la presión y he conocido las acciones sufridas soy muy consciente de que probar un mobbing es muy difícil pese a la cantidad de pruebas en mi poder, pero, sobre todo, es emocionalmente muy muy costoso. Eso sí, cualquier persona puede comprobar que se me han negado las condiciones de trabajo solicitadas y acordadas. El símil es que “he pedido un casco para trabajar en la obra y se me ha negado”, si las piedras que han impedido mi trabajo me las ha echado el personal de la Consejería o no es algo que yo se muy bien, se me podrá creer o no, pero de lo que no hay duda es que “he trabajado sin casco” pese a haberlo pedido reiteradamente y de esto es totalmente responsable la Consejería.

«Además, la Consejería tiene firmados dos convenios con las universidades Canarias, la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria para la creación del Consejo Científico de la Red de Ecoáreas en Canarias, dichos convenios están en vigor y a entera satisfacción de las tres partes.»

O mucho han cambiado las cosas o es una flagrante falta a la verdad facilísima de probar. En la reunión en la que anuncié mi dimisión en diciembre de 2018, desde la Consejería se pidió la dimisión voluntaria del coordinador de ambos convenios con las universidades. Entiendo que esto lo escribieron antes de que saliese el artículo de prensa, el pasado 9 de junio del presente año, que demuestra que es imposible que exista «entera satisfacción» puesto que las declaraciones de los miembros dimitidos de la universidad muestran sus discrepancias con meridiana claridad: (https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gobierno-Canarias-cientificos-abandonaran-Ecoareas_0_907460016.html) 

Yo mismo me reuní con el Rector de la ULPGC en marzo y conozco su opinión de primera mano. Como la Consejería no responde a los emails, solo ha puesto 2 noticias en la web en 6 meses, ni responde a la prensa no se puede conocer el estado actual del proyecto.

Por otro lado está la propiedad intelectual del proyecto. El Gobierno ha querido imponer que le pertenece todo, cuando realmente está aportando a un proyecto existente. Lo triste es que quienes estábamos antes no hemos querido capitalizarlo abriendo la oportunidad a sumarse a tantas entidades como quisiesen.

«A principios del año 2019 el Gobierno de Canarias ha contratado a otras  empresas especializadas en participación ciudadana y formación, que también ejercen funciones de coordinación, continuando con  las labores de asesoramiento técnico.»

Hasta donde sé, son 4 las entidades/personas contratadas directamente por la Consejería para sustituirme. Entiendo que es así porque estas contrataciones nunca estuvieron planificadas y se producen a raíz de mi marcha. Sería interesante saber cómo se ha hecho la contratación para poder justificar que no se está fragmentando un contrato. Situación que generó no pocos quebraderos de cabeza durante 3 años y ahora parece que se solventa con facilidad.

También me gustaría conocer la evaluación que hacen estas entidades del proyecto desde la perspectiva de participación. Recalco, del proyecto, no de las intervenciones locales. Estoy seguro que en las ecoáreas se está dando una atención esmerada, el problema está en la dirección del proyecto. Lo que yo he vivido con la dirección del proyecto representa el nivel más bajo de la escalera de Arstein puesto que no existe la negociación y se oculta información. La negativa a responder a la prensa es buena prueba de ello.

“Nivel de la no-participación. Peldaño 1: Manipulación. Representa la distorsión de la participación como herramienta de quienes detentan el poder. Se trata de engañar a la población en un supuesto proceso de participación en el que no se les informa correctamente y tampoco se les consulta de forma adecuada.” (Wikipedia)

«La semana pasada se han celebrado en Gran Canaria unas jornadas de formación para facilitadores y animadores, para todo el archipiélago, formado por más de 20 personas, todo para la creación de la Red de de Ecoáreas de Canarias en las 8 islas.»

¿Se ha contado para esta formación con las personas que llevan dinamizando este proyecto desde hace 10 años (cuando no había financiación para ello) atendiendo a lo planificado y comunicado a lo largo de los últimos 3 años y después de convocar a esta gente a reiterados eventos? La respuesta es sencilla NO.

«A todas estas acciones se les puede hacer seguimiento en nuestra pagina de internet ecoareas.org«

Falso (13 de julio de 2019) La web que sigue presentando como parte del proyecto a personas que han dimitido hace 5 meses.

La misma con el email de contacto info@ecoareas.org que no responde a los e-mails que mando. ¿Es posible que no se esté respondiendo ningún correo desde mi marcha puesto que era yo quien lo supervisaba? ¿y el resto de cuentas de emails se responden? Eso supondría 6 meses sin responder a los e-mails oficiales.

La misma web que tiene las jornadas de hace 6 meses en portada.

Desde aquí quiero mostrar mi reconocimiento profesional a la persona que está llevando el tema de contenidos web porque sé que está haciendo un gran trabajo, pero sigue órdenes.

«Los cambios dentro del Consejo Científico forman parte de las dinámicas de las Universidades en su labor de asesoramiento del proyecto, pudiendo modificar sus miembros por las demandas de un proyecto que debe ser sostenible implementando sus conocimientos en materia de Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Economía, Implicación Social y Gobernanza.”

Clara falta a la verdad como ya se ha demostrado con el artículo publicado en prensa con las declaraciones de miembros de la Universidad dimitidos. La matriz de indicadores propuesta para el proyecto se diseñó precisamente para que la palabra «sostenible» no fuese utiliza en vano como es el caso.

«Los criterios que se aplican para el desarrollo de los proyectos desde el Gobierno de Canarias se sostienen sobre la base de los principios de la Unión Europea de transparencia racionalidad y eficiencia del gasto público, lo que implica el uso óptimo de los fondos públicos…»

¿En serio? si algo puedo demostrar es que mis solicitudes de información no han sido atendidas y tampoco las de la prensa como ha quedado meridianamente claro. Este borrador de comunicado nos ha llegado por una filtración, clara muestra de la falta de transparencia, racionalidad y eficiencia. Una de las principales razones para marcharme del proyecto es precisamente que no podía ser testigo de cómo se gastaba el dinero.

Un ejemplo que fue la gota que colmó el vaso. En 2016, la Directora General propuso contar con Televisión Canaria para grabar pequeños reportajes en cada una de las áreas propuestas. La idea me pareció excelente y la respaldé. Para mi sorpresa, los técnicos de la Consejería rechazaron la propuesta «porque argumentaban que TVC no tenía calidad» no entendí semejante argumentación pero me esforcé en buscar alternativas y contacté con una productora canaria especializada en medio marino que trabaja para la BBC británica y que ha participado en Planeta Azul 2, es decir, de lo máximo a lo que se puede aspirar en medio marino, incluso contacté con alguna productora de península y nada parecía ser suficiente. No entendía nada hasta que, poco antes de mi dimisión en 2018, me entero que mientras yo estaba de coordinador, se había sacado una contratación sin informarme de ello ¡y resulta que uno de los técnicos de la Consejería es el entrevistador! Por supuesto no dudo de la profesionalidad de la empresa contratada, que ni sé quienes son porque desde que me enteré de esto no quise saber más y fue otro motivo más para dimitir.

La racionalidad y eficiencia en el gasto de estos fondos ya ha sido noticia previamente: https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gobierno-Canarias-FEDER-previstos-climatico_0_827317394.html

«y la elección de equipos con competencia científicas de primer orden.»

¿Cómo casa esto con expulsar a gente de primer orden que estuvo participando cuando no había presupuesto? El consejo científico del proyecto Microáreas se constituyó en 2012, en 2016 se confirmaron los veteranos y se añadieron nuevos. En 2017, la Consejería, de forma unilateral y en contra de mi criterio, decidió expulsar a los miembros que no pertenecían a las universidades canarias y reducir a la mitad el número de miembros. De este modo se quedaron fuera las personas “de primer orden” que pertenecían al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al Instituto Español de Oceanografía (IEO) también del mismo Ministerio y de la Universidad de Alicante (pioneros en el estado y expertos internacionales en gestión de áreas marinas protegidas).

Por favor, que alguien ponga orden aquí de una vez y no con autoritarismo, con diálogo e investigación de los hechos. Querer es poder.

Más información en: www.mardemenos.es